El Instituto de las Mujeres, en colaboración con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha presentado el informe Justicia social y perspectiva de género en el acceso a la jubilación anticipada. Este documento recoge las conclusiones de una jornada especializada en la que participaron expertas y expertos como Carmen Grau Pineda, María Gema Quintero Lima, Matthieu Chabanne y José Luis Tortuero.
El estudio ofrece un análisis detallado de las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en el acceso a la jubilación anticipada. A través de una mirada crítica, se evidencian los factores que perpetúan la brecha de género en las pensiones —actualmente superior al 30 %— y se proponen medidas concretas para avanzar hacia una igualdad real en el sistema de pensiones.
Entre los elementos analizados destacan la parcialidad en el empleo, las interrupciones laborales por tareas de cuidado, la precariedad en sectores feminizados y la infravaloración de estos trabajos. Todo ello repercute negativamente en la capacidad de cotización de las mujeres, afectando tanto su autonomía económica como el importe de sus pensiones.
El informe denuncia que el actual modelo de jubilación anticipada se basa en parámetros diseñados para sectores masculinizados, sin tener en cuenta el desgaste físico, emocional y mental que implican muchas ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por mujeres, como el trabajo doméstico, los cuidados o la hostelería. Estas condiciones, a menudo invisibilizadas, no se reconocen como penosas o insalubres, lo que limita el acceso de las trabajadoras a mecanismos de retiro anticipado en igualdad de condiciones.
Entre las propuestas destacadas se incluyen:
- La incorporación transversal de la perspectiva de género en la legislación laboral y de Seguridad Social.
- La redefinición de los conceptos de penosidad, peligrosidad y toxicidad laboral.
- La aplicación de coeficientes reductores de edad en sectores feminizados con condiciones laborales exigentes.
- La revisión del listado de enfermedades profesionales desde una óptica de género, incluyendo patologías como trastornos musculoesqueléticos, problemas psicosociales y enfermedades específicas como el cáncer de mama y ovario.
El documento también aboga por una reforma del sistema de pensiones que contemple trayectorias laborales discontinuas, desigualdades salariales y segregación ocupacional. Además, subraya el papel clave de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en sectores feminizados y fomentar una participación equitativa en los espacios de diálogo social.
Para consultar el informe completo haz click aquí.
